El Agua en el Proceso de Reforma Legislativa e Institucional

Entre el Derecho Humano y el Bien Común

La ciudad de Cochabamba, recientemente fue escenario para la realización de la Cumbre por el Agua y Saneamiento Básico1. El evento, aglutino a más de 400 participantes de distintos puntos de Bolivia, quienes debatieron y propusieron, en cuatro mesas de trabajo, respecto a la compleja problemática del agua desde todos sus ámbitos: en agua potable y saneamiento básico, gestión, tecnologías, contaminación, escasez, represas, minería, energía y riesgo.
Una de esas mesas titulada: “El Agua en el Proceso de Reforma Legislativa e Institucional – Entre el Derecho Humano y el Bien Común”, fue organizada por las instituciones miembros de la Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (CGIAB)2. La mesa de trabajo se desarro-llo en tres paneles de discusión, referidos a: CUESTIONES CONCEPTUALES EN TORNO AL AGUA COMO UN DERECHO HUMANO Y BIEN COMÚN, EL AGUA COMO BIEN COMÚN Y EL MEDIO AMBIENTE, Y EL AGUA EN EL ÁMBITO NORMATIVO. A continuación una síntesis de las principales conclusiones arribadas.

Conclusiones mesa, pdf (183 Kb)

• Visibilizar la problemática del agua, en Bolivia en todos sus ámbitos: principalmente en agua potable y saneamiento básico, gestión, tecnologías, contaminación, escasez, represas, minería, energía y riego.
• Compartir experiencias organizativas y de gestión entorno al agua en el país y el mundo.
• Construir un espacio para el intercambio de tecnologías, experiencias, saberes y conocimientos entorno al agua de manera horizontal, comunitaria y no mercantilista.
• Generar un espacio para construir lineamientos y propuestas para la ley de agua potable.
• Conocer y analizar las políticas de cooperación internacional en agua y saneamiento del Estado.
• Fortalecernos a nivel local, regional, nacional e internacional como movimientos por el agua, para establecer un cuerpo social frente a los gobiernos que siguen las políticas de saqueo y entrega de nuestros bienes comunes a las transnacionales.
• Conocer experiencias de asociatividad, y sistemas de gestión institucional en agua saneamiento.

La Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sud, Departamental y Entidades Prestadoras de Servicio de Agua y Saneamiento de Cochabamba (ASICASUDD-EPSAS), Federación Departamental de Cooperativas de Agua y Alcantarillado Sanitario de Santa Cruz (FEDECAAS),  La Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO) Cooperativas de Agua Potable de Cochabamba, y La Coordinadora del Agua y de la Vida, INVITAN a:

LA CUMBRE POR EL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

(Cochabamba, 24 al 26 de junio del 2011)

Temas a tratarse:

• El Agua en el proceso de reforma legislativa e institucional entre el derecho humano y el bien común
• Políticas de Cooperación internacional en agua y saneamiento.
• Construcción de propuestas para la ley de agua potable.
• Agua y cambios climáticos: avances y retrocesos en las negociaciones internacionales en cambios climáticos.

Descarga la convocatoria completa.

“Boletín Todo Sobre el Agua Nº100″
(Incluye el cronograma completo)

La Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) busca democratizar y descentralizar la gestión del agua con amplia participación de distintos grupos de interés en la toma de decisiones, para garantizar un crecimiento económico con equidad social y compromiso de garantizar los recursos naturales para las generaciones futuras.

Los principales retos de la GIRH son asegurar el acceso para el consumo humano, producir alimentos, reducir la contaminación, proteger los ecosistemas; gestionar la variabilidad climática, crear conciencia en la población y asegurar la colaboración entre los diferentes sectores de uso del agua.

El documento presenta de manera ágil y sencilla la síntesis de las exposiciones, debate y conclusiones organizados en tres partes sobre los que se estructuró el taller: una primera parte de desarrollo conceptual, una segunda parte sobre aspectos metodológicos e instrumentales para orientar procesos de negociación en situaciones donde existen conflictos o competencias por el agua y una tercera parte de socialización de experiencias y estudios de casos sobre los problemas asociados a la GIRH de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Zimbabwe.

Enfoque e instrumentos para la gestion hidrica

Pdf  (2.36 Mb)

Daniela Retamoso

La Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego N°2 Tacagua, reunidos enuna asamblea general, en fecha 4 de Febrero de 2011 años, con la participación del Corregidor Titular y Consejo deAutoridades Originarias de los 7 ayllus del municipio de Challapata, miembros de las comunidades aledañas al cerro Achachucani, Honorable Alcalde,

Sub Alcaldes de, Concejo Municipal de Challapata, Comité Cívico de Challapata, Presidente de la Asociación de Regantes del Departamento de Oruro, Representante del Servicio Nacional de Riego, Federación Departamental de Productores de Leche Oruro y la totalidad de los regantes, luego de analizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria en la zona expresamos las siguientes determinaciones:

CONSIDERANDO:

Que, el municipio de Challapata ubicado a 120 km de la ciudad de Oruro cuenta con 24.370 habitantes, es una zona declarada como la “REGION INDUSTRIAL LECHERA DEL OCCIDENTE BOLIVIANO” de la provincia Abaroa según Ley Nº 2516 de 24 de Octubre de 2003, así mismo  es declarada como “ZONA AGRICOLA GANADERA DEL OCCIDENTE BOLIVIANO” bajo ley Nº 2632 de 5 de Marzo de 2004.

Que, La cuenca lechera  de Challapata Produce 36125 lt. de leche por día el mismo que es procesado y transformado en derivados lácteos como ser queso fresco, yogurt, quesillo y otros, los que abastecen a los mercados de las ciudades La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y una parte es exportado a la provincia de Buenos Aires-República Argentina, entre otros productos pecuarios se tiene la producción de carne vacuna, ovina , Porcina y camélida.

Que, la ciudad de Challapata es un centro comercial con medianas industrias en franco desarrollo como: APPLA, CEPLACH, AMAGA, AIPAGA, los que se dedican a la transformación , comercialización de estos productos lácteos, de la misma manera ANAPQUI, CECAOT procesadores Y TRANSFORMADORES DE PRODUCTOS LACTEOS Y QUINUA para la exportación a países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y países Asiáticos.

Que,la compañía minera Castillan Ressources gestiona sus operaciones para la explotación minera de oro en el cerro Achachucani, en lo fundamental el tipo de minería a implementar es “minería a cielo abierto de oro por lixiviación de cianuro”. Por las implicaciones que tiene este tipo de minería, es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural,  que puede ser catalogado de desastre ambiental, insostenible en el tiempo en la medida que sus recursos suponen su agotamiento.

Que, considerando que este tipo de minería utiliza millones de metros cúbicos de agua potable, ocasionará la desaparición de acuíferos y bofedales,  lo que nos dejaría sin el principal liquido elemento para la vida humana y para nuestra actividad agrícola – ganadera.

Que, durante la fase de explotación los impactos posibles serán; la afectación de la superficie, como salinización de los suelos, impactos negativos en la flora y fauna contaminación de las aguas superficiales, como subterráneas o freáticas que mermaran la producción agropecuaria de la zona siendo esta la columna vertebral del desarrollo económico regional.

POR TANTO:

LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO Nº 2 TACAGUA EN PLENO, ALCALDE, CONCEJALES, SUB ALCALDES DEL MUNICIPIO DE CHALLPATA, COMITÉ CIVICO, CORREGIDOR TOTULAR, COSEJO DE AUTORIDES ORIGINARIAS DE LOS 7 HAYLLUS DEL CANTON DE CHALLAPATA, REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE REGANTES DE ORURO, REPRESENTANTE DEL SERVICIO NACIONAL DE RIEGO, MANCOMUNIDAD AZANAQUE, FEDERACION DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE LECHE ORURO Y ORGANIZACIONES VIVAS DE CHALLAPATA.

RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAMOS NUESTRO RECHAZO  ISOFACTO de todo tipo de exploración y explotación minera de la empresa Castillan Ressources y de cualquier otra empresa,  que atente a los intereses del desarrollo regional, al derecho a la salud integral, perturbe la producción agrícola ganadera y que afecte a la soberanía y seguridad alimentaria Regional, Departamental y Nacional.

Artículo segundo.-   Nos declaramos en estado de emergencia permanente ante cualquier indicio de exploración y explotación minera de la empresa Castillan Ressources.

Artículo tercero.- Pedimos a las autoridades gubernamentales la revocatoria inmediata y definitiva de todas las concesiones mineras ahora contratos mineros en toda la zona agroganadera de la provincia E. Avaroa, del Departamento de Oruro.

Artículo cuarto.- Que la Alcaldía Municipal de Challapata y el Concejo Municipal promulgue una ordenanza, prohibiendo la exploración y explotación minera de la empresa Castillan Ressources por ser una amenaza para la actividad agrícola ganadera que se desarrolla en nuestro municipio

Por el respeto a la madre tierra.

Es dado en la localidad de Challapata a los cuatro días del mes de Febrero de dos mil once.

Descarga pronunciamiento  (3.7 Mb)

Lina Gabriela Terrazas

Autoridades, representantes de instituciones sociales, cívicas, sindicales y vecinales de Challapata hicieron conocer su rechazo a la posibilidad de exploración y más aún la explotación minera anunciada por la empresa Castillan Ressources.

Los habitantes de Challapata consideran que la actividad minera es un atentado para esta ciudad intermedia, reconocida por la producción lechera que se podría ver afectada si se concreta la concesión a favor de la internacional.

A través de un voto resolutivo mencionan que la compañía minera Castillan Ressources gestiona el inicio de sus operaciones para la explotación minera de oro en el cerro Achachucani, en lo fundamental el tipo de minería a cielo abierto de oro por lixiviación de cianuro.

Cuestionan que ésta es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural, que puede derivar en un desastre ambiental insostenible.

Aseguran que existe el riesgo de que con la utilización de millones de metros cúbicos de agua potable, se ocasionaría la desaparición de acuíferos y bofedales. “Nos dejaría sin el principal líquido elemento para la vida humana y para nuestra actividad agrícola – ganadera”.

Temen la salinización de los suelos, impactos negativos en la flora y fauna, contaminación de las aguas superficiales como subterráneas o freáticas, lo que a la vez significará la merma de la producción agropecuaria de la zona siendo ésta la columna vertebral del desarrollo económico regional.

CHALLAPATA

El municipio de Challapata está ubicado a 120 km de la ciudad de Oruro cuenta con 24.370 habitantes, es una zona declarada como “Región Industrial Lechera del Occidente Boliviano” según Ley 2516 del 24 de octubre de 2003; asimismo, fue declarada como “Zona Agrícola Ganadera del Occidente Boliviano” bajo Ley 2632 de 5 de Marzo de 2004.

La cuenca lechera de Challapata produce 36.125 litros de leche por día que es procesada y transformada en derivados lácteos como ser queso fresco, yogurt, quesillo y otros, para el abastecimiento de los mercados de las ciudades La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y una parte para exportación a la provincia de Buenos Aires-República Argentina, y entre otros productos pecuarios se tiene la producción de carne vacuna, ovina, porcina y camélida. También existen plantaciones de quinua.

EMERGENCIA

Los challapateños se declararon en estado de emergencia permanente exigiendo a las autoridades gubernamentales del área de minería la revocatoria inmediata y definitiva de todas las concesiones mineras, ahora contratos mineros, en toda la zona agro ganadera de la provincia Eduardo Avaroa.

Autor: Ramiro Luis Lizárraga Terrazas

Rocio Bustamante Zenteno *

Nuevamente ha emergido en la agenda política el tema de la necesidad de una Ley General de Aguas y los rumores de que existe ya una propuesta que sería entregada a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación después de ser presentada y ratificada en un encuentro de organizaciones sociales.

El tema de la normativa hídrica esta siendo discutida desde hacen ya tantos años que pocos recuerdan cuando exactamente se inicio. Es un proceso que lleva ya varias propuestas, versiones finales y proyectos de Ley sin que hasta ahora ninguno haya llegado a la fase final de aprobación. Hay muchas explicaciones para ello, pero probablemente el hecho de que el agua constituye un elemento fundamental que concierne a todos y sobre el que existen muchos intereses contrapuestos en torno a su gestión es una de ellas.

Esta vez, sin embargo, el debate se da en el contexto algo diferente de un gobierno como el de Evo Morales que se ha propuesto transformar el Estado en función al paradigma del “vivir bien”. Probablemente la normativa que mejor expresa esta nueva concepción del estado boliviano es la nueva CPE (aprobada en el 2009) y en la que se han definido varios de los principios que seguramente deberán ser no solo incorporados sino aplicados e interpretados en una nueva Ley.

Por otro lado procesos de reforma normativa como la nueva Ley Autonómica serán también importantes ya que redefine el marco de competencias y atribuciones del gobierno en diferentes niveles, incluyendo el de los pueblos indígenas y originarios. Finalmente, la política publica ambiental y el discurso oficial tan centrado actualmente en el tema de cambio climático tendrán seguramente repercusión en una futura Ley de Aguas.

Sin embargo mientras este proceso iba avanzando por un lado, por el otro ya se han dado una serie de reformas institucionales a partir de enfoques casi exclusivamente sectoriales (riego, agua potable…etc.) de forma que los intentos de avanzar en una mirada mas integradora a partir de un enfoque de cuencas por ejemplo todavía no han tenido mucho éxito y han quedado solo como interesantes propuestas teóricas. El desafío es entonces bastante grande y todavía se ha avanzado muy poco mas allá de la formulación de principios generales que ahora habrá que ver como se traduce en normativa concreta.

Haciendo un breve diagnostico de la situación de la institucionalidad del agua en Bolivia nos encontramos ante un panorama en el que:

Existe un desarrollo normativo sectorial, para nada coordinado y que promueve la apropiación de las fuentes de agua por parte de los grupos y sectores que ya a generar conflictos debido a las reivinidicaciones contrapuestas sobre algunas fuentes de agua, y ha iniciado una carrera competitiva para la apropiación del agua en el país. Por otro lado sin embargo ha dado lugar también a que se plantee el tema de la reconfiguración/redistribución de los derechos, aunque todavía de forma muy incipiente, por ahora a cada cual le interesa más asegurar su propio pedazo de rio, laguna o vertiente o su propio pozo y los conceptos de solidaridad y compartir resuenan vacios. Se ha dado un crecimiento desordenado de figuras institucionales nuevas desconectadas o con vínculos poco claros con las instancias que ya existían. Algunas incluso han aparecido y desaparecido o han sido eliminadas sin ninguna explicación, como en el caso del Consejo Técnico Social que fuera establecido el 2006 y que ha desaparecido sin mayor explicación en los nuevos organigramas institucionales. Varias figuras de la nueva institucionalidad (como el SANASBA, el AMAGUA, etc.) están “desconectadas” de la estructura creada para definir las políticas del sector y gozan de un estatuto ambivalente que les permite por un lado tomar importantes decisiones sobre por ejemplo inversiones y por otro no tener una clara responsabilidad al respecto. Estas nuevas instancias institucionales han sido creadas, en gran parte de los casos, por condicionamientos de la cooperación internacional que las ven como mas eficientes, aunque en los hechos implique crear funciones paralelas a las que ya existen en el Estado, y mantener una institucionalidad debíl, dependiente de la cooperación y que se basa en la contratación de consultores y personal eventual desechable. La creacion de nueva institucionalidad, con “participación social”, ha generado en dilema complicado en la relación del Gobierno con los representantes de las organizaciones sociales, los cuales se encuentran en una posición dificil de clasificar ya que no queda claro si pueden considerarse servidores públicos y por lo tanto ser sujetos de responsabilidad bajo leyes como la SAFCO o si tienen un estatus diferente y cual seria este. Se ha tratado de subsanar esta cuestión agregando en alguna normativa como la del SENARI por ejemplo que estos representantes están sujetos  a responsabilidad por sus actos (1) pero la normativa sobre la función publica establece que están sujetos a estas disposiciones aquellos que son considerados servidores públicos es decir los que tengan una “relación de dependencia” (2) con el Estado. Si esta relación de dependencia no existe no podría aplicarse esta normativa y quien quisiera reclamar por las desiciones o actos de estos representantes tendría que recurrir a otras instancias (civiles o penales). La “relación de dependencia” con el Estado implica una perdida de independencia de los representantes de las organizaciones sociales ya que como servidores públicos estarían obligados a velar por los “intereses de la colectividad” en general y no los de su organización en particulas. En relación a esto ultimo, en caso de mantener sus cargos dirigenciales los representantes sociales estarían generando un conflicto de intereses como al que hace referencia el Articulo 10 del Estatuto del Funcionario Publico (Ley 2027), por el que se impide a los “servidores públicos” el “dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o colectivas que gestionen cualquier tipo de trámites, licencias, autorizaciones, concesiones, privilegios o intenten celebrar contratos de cualquier índole, con las entidades de la Administración Pública” (Art. 10, Ley SAFCO).

La construcción del Estado en Bolivia esta avanzando en varios frentes, formalizando y estandarizando – normalizando las diversas formas de relación y gestión que existen con el agua, así como sometiendo a un criterio único – el del Estado – todas las cuestiones. Para algunos esto es positivo, para otros implica perder “un espacio de autonomía” y someterse al Estado / gobierno en varios ámbitos que antes eran independientes. Incluso cuando con la nueva normativa autonómica se establecen algunas jurisdicciones y ámbitos de competencia con cierto grado de autonomía estos deberán siempre enmarcarse en la CPE y las leyes del estado, no pudiendo contradecirlas o evadirlas.

De esta misma forma la relación entre las organizaciones (de usuarios, campesinas, indígenas, originarias, etc.) que usan y gestionan el recurso en base a normas propias y el Estado que ahora va en camino de asumir plenamente un rol de control y regulación considerando el “bien colectivo” ha cambiado esencialmente. Las tensiones que originalmente existían en esta relación se van haciendo cada vez menos intensas a medida que el gobierno avanza en su política de formalizar los derechos y las organizaciones, incorporándoles en la lógica de la administración pública. De esta forma las luchas políticas se van transformando cada vez mas en discusiones sobre política publica. Y la confrontación que existía con el Estado se convierte en diferentes formas de cooptación bajo los rótulos de “participación” y “control social”. Desde ya queda claro que los márgenes de autonomía que antes tenían las organizaciones se ven cada vez mas limitados por las reglas definidas “participativamente” por el gobierno, que progresivamente va imponiendo su enfoque y las reglas del juego.

Todo esto se da además en un contexto en el que las inversiones en el sector no provienen de los fondos del estado boliviano sino en su mayor parte son otorgados por la cooperación internacional. De hecho en el Plan NSB se pueden evidenciar que del total de las inversiones requeridas hasta el 2015 un elevado porcentaje depende de financiamientos multilaterales y bilaterales que son parcialmente créditos y en menor proporción donaciones. La pregunta que inmediatamente surge ante esta constatación es sobre los condicionamientos que acompañan estos fondos, es decir a que tipo de política se esta comprometiendo el estado boliviano cuando los acepta o que tipo de influencia (por no hablar de intromisión) esta consintiendo?

Por otra parte también surge la pregunta sobre cuales son realmente las prioridades del actual gobierno, ya que todo el enfático discurso que se tiene hacia fuera no se ve expresado en las políticas públicas a nivel interno, menos aun en los presupuestos públicos. De hecho esta contradicción entre los discursos pronunciados por el presidente y los representantes de Bolivia en el extranjero y lo que ocurre realmente en el país, parece ser una característica más del “proceso boliviano de cambio”. Solo así se explica que mientras por un lado se habla de la “Madre Tierra” y los “derechos humanos”, por otro se continúe permitiendo la afectación de ecosistemas así como las formas de vida de comunidades y pueblos con las actividades mineras, hidrocarburíferas y de grandes proyectos hidroeléctricos y camineros.

Por ello, es importante preguntarse ahora mas allá de las cuestiones puntuales sobre una propuesta de Ley u otra… ¿de quién es la agenda de una nueva Ley de Aguas que se propone y a quién beneficia? ¿A quién le interesa más que exista una nueva Ley de Aguas? ¿quién sale ganado con la nueva normativa? ¿Salen ganando los comités y sistemas independientes de agua y saneamiento? ¿Los sistemas de riego? ¿Las comunidades campesinas, indígenas y originarias? ¿Los pobladores de las ciudades en general?

En Bolivia se ha privilegiado la “estrategia normativa” para las reformas en el sector de agua y saneamiento, y hay algunos que consideran que es la mejor forma de cambiar algunas cosas…pero importante recordar que una estrategia que aparenta ser contra – hegemónica puede acabar reforzando el sistema hegemónico. Cuando esto ocurre los cambios que se hacen solo llevan a mantener lo que ya existía, es decir se cambia para no cambiar nada realmente. Por ello antes de seguir en este debate sobre articulados, parágrafos e incisos, las organizaciones deben tener en claro lo que realmente se quiere, lo que es realmente importante para todos. De lo contrario se caerá en el juego de discutir los detalles de leyes que acaban siendo elaboradas por otros y aprobadas por otros, y cuyo contenido esta definido también por otros en función a sus propias prioridades y tiempos.

De hecho, el elemento distintivo de un proceso como este depende de que se amplíe – o no – las condiciones de posibilidad para una sociedad más equitativa, democrática y de libertad.

Notas: (1) Los miembros del Directorio del SENARI, son responsables de sus actos por la función publica, conforme lo establece la Ley 1178 – Ley SAFCO, pudiendo ser sujetos a procesos establecidos en las normas aplicables al ejercicio de funciones publicas, durante y después del cumplimiento de sus funciones (Art. 14 y 32, Reglamento Marco Intitucional, Ley de Riego Nº 2878)

(2)  Relación de dependencia es el vinculo jurídico entre un servidor público y su superior jerárquico, que nace de la prestación de servicios en una entidad pública en condiciones de subordinación y remuneración, cualquiera sea la fuente de ésta, (Art. 9 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica, Ley SAFCO).

* Centro AGUA – UMSS.

“Minando el agua: la mina San Cristóbal, Bolivia” es el resultado de la consultaría que realizó el especialista hidrogeólogo Robert Moran a la Empresa Minera San Cristóbal (EMSC). Este documento fue   publicado en diciembre del año pasado, donde se presenta una serie de observaciones a las actividades de la empresa minera, entre las más preocupantes se destaca el uso excesivo de agua para su producción. Según el informe se calcula que la Empresa Minera San Cristóbal extrae diariamente entre 42.000 a 50.000 metros cúbicos de aguas subterráneas, la tasa de recarga de los centros acuíferos es casi nula agotando este recurso, por lo tanto no se puede considerar una explotación sustentable, la explotación afecta a los ojos de agua y manantiales cercanos a la empresa minera.

Las principales fuentes de provisión de agua de la EMSC son recursos acuíferos semi profundos con una profundidad mayor a 100 metros. “un acuífero es un depósito de aguas subterráneas, el acuífero puede ser recargable ya sea por las lluvias que se infiltran  o pueden ser aislados o fósiles, es decir que fueron llenados en tiempos pasados y que no recibieron hace mucho tiempo aguas adicionales” informó Jorge Molina, investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA, quien alertó que se está agotando este recurso a un ritmo acelerado y esta situación continuará durante el tiempo de explotación de la mina. Sobre este punto, Carlos Crespo, Coordinador del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS), manifestó que la razón para acelerar el tiempo de la explotación de minerales se debe a que el agua se está agotando en la zona y la capacidad de reposición  es muy baja. “no hay una forma natural de reponer estas aguas que se están extrayendo y esto es grave porque se afectará al ecosistema en el mediano plazo según reporta Moran”

El agua de la superficie está interconectada mediante filtraciones con aguas subterráneas, de continuar con el bombeo de aguas subterráneas se corre el peligro de secar el agua superficial dejando sin este recurso a la población que se dedica a la producción agropecuaria y agrícola, “Varias fuentes del entorno a la concesión ya desaparecieron, entonces esto es una evidencia importante que ha identificado el estudio” resaltó Carlos Crespo.

Por otra parte el informe detalla que los datos históricos sobre la calidad del agua que maneja la EMSC son cuestionables, carecen de una síntesis, son muy difíciles de interpretarlos y evaluarlos. La información empleada para realizar el Estudio de Impactos Ambientales (EIA), realizada por la consultora Knight Piésold datan de hace diez años y muchos de estos impactos carecen de relevancia si se los compara con lo que pasa ahora con las instalaciones de la EMSC, Crespo acotó que no se están haciendo los monitoreos de los pozos y diques de cola adecuadamente, “La empresa tiene que producir una información sistematizada, tomando en cuenta el proceso de operación de tres años de la empresa”

Uno de los problemas que identificó el estudio es que no se tiene inventariado el número de vertientes que existían antes del inicio de la explotación de la EMSC,  “el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no realizó un buen inventario de las fuentes, de tal manera que no se puede evaluar ahora y hacer una comparación de las fuentes afectadas por la actividad de la empresa” denunció  Crespo al momento de advertir que la empresa minera argumenta que la insuficiencia de agua en la zona se debe a las consecuencias del cambio climático.

Según Jorge Molina las comunidades afectadas reciben agua de sectores alejados, la empresa se hace cargo de ello, pero el temor aumentará cuando la empresa cese en sus funciones y hasta la fecha no se especifica quien o quienes se encargaran de la provisión de agua a las comunidades afectadas.

Consultado sobre la posibilidad de emplear el uso sustentable de agua en las minas, Molina afirmó que es posible esta figura pero se encuentra muchos inconvenientes en el Código Minero que no especifica la cantidad de agua que pueden utilizar, por lo tanto el uso de agua en estas actividades esta a libre disposición, dándoles prioridad a las emperezas mineras. “El uso sustentable de un recurso subterráneo es no usar más agua que la recarga natural del acuífero, en el caso de San Cristóbal, según sus propios estudios se está usando cinco a diez veces la recarga, probablemente sea más”.

Molina informó que en otros países se exige la creación de un fondo de previsión, una especie de seguro para cubrir la recuperación de impactos posteriores al cierre de la mina. En el caso boliviano no existe esta disposición.

Entre las sugerencias de Moran argumenta la necesidad de crear un grupo independiente técnica y financieramente de la EMSC para que recolecte información sobre volúmenes disponibles de agua (subterránea y superficial) así también para generar información confiable sobre la calidad de sus aguas. Desarrollar una red extensa de monitoreo de pozos para determinar la disminución real de agua. Animar al gobierno a desarrollar regulaciones para que se opongan límites a la extracción de de suelos y aguas superficiales.

Estos estudios de casos de grandes proyectos mineros son útiles para  identificar los problemas para luego corregirlos a la brevedad posible. En criterio de Crespo se necesita una reconsideración de la política pública minera. “La minería es contraria a la agricultura, por tanto al mundo campesino indígena. Si queremos promover una sociedad basada en la producción y en la seguridad alimentaria, hay que reconsiderar el tema minero”.

Robert Moran realizó el trabajo de consultoría a raíz de un pedido del municipio de Colcha K quien financió el estudio con el apoyo de la Federación Regional Única de los Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS).

La Empresa Minera San Cristóbal esta ubicado en el cantón San Cristóbal del municipio de Colcha K, primera sección de la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí tiene una concesión de 2.638 hectáreas, se dedica a la explotación de Plata y Zinc, está operando hace tres años y se estima una explotación de 15 a 20 años más.

Fernando Carrafa A.

* Este artículo fue extraído del documento “Minando el agua: la mina San Cristóbal, Bolivia” con el auspicio de la Federación Regional Única de los Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) y la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud Bartolina Sisa (FSUMCAS) y la Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (CGIAB) y en base a las entrevistas realizadas a Jorge Molina y Carlos Crespo.

Empresas públicas – cooperativas – sistemas comunitarios

Cochabamba, Bolivia 4 y 5 de Noviembre del 2010CONVOCAN:

La Federación Departamental de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz (FEDECAAS), la Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y Servicios Básicos; La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur (ASICASUDD EPSA), la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (ANESAPA), la Federación de Cooperativas de Agua Potable de Cochabamba (FECOAPAC), la Asociación de Cooperativas de Agua y Alcantarillado de la Gran Chiquitania (ASOCAACH), la Federación Departamental de La Paz

CON EL APOYO DE:

Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (CGIAB) Programa Agua Bien Común de France Libertés – Fundación Danielle Mitterrand, GTZ-PROAPAC, FUNDACIÓN ABRIL con el proyecto YAKU AL SUR y UN HABITAT

TEMAS

- Derecho Humano, su aplicación en las políticas del Estado Plurinacional – Visión del Gobierno.

- Elementos centrales de las propuestas para la Nueva Ley General de Agua.

- La aplicación del Derecho Humano al agua y saneamiento en términos de calidad, cantidad y accesibilidad – Visión de los prestadores de servicio

- Legislación comparada sobre Recursos Hídricos en Latinoamérica

- Implicancias de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en el sector de agua y saneamiento

- Ejes básicos para la construcción de una propuesta del sector agua potable.

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Todo Sobre el Agua 101

Contenidos

1ra. Feria fiesta nacional del agua en bolivia: diagnostico y planificación del manejo del agua y otros recursos naturales en las comunidades y microcuencas
En la cuenca hidrosocial pucara, cochabamba, bolivia
Inversiones en riego e ingresos campesinos
Sobre la extracción de aguas subterráneas por la minera san cristóbal

“Boletín Todo Sobre el Agua Nº100″
(Versión PDF, 1.64 Mb.)